En los últimos tiempos,
entre nuestros representantes políticos –empleados nuestros según hallazgo muy reciente de Pablo Iglesias- se
ha extendido la expresión líneas rojas fijándolas como aquellas
cuestiones más allá de las cuales no hay negociación posible. Ahora resulta que
para el presidente Rajoy no hay líneas rojas salvo para algunas cuestiones
(unidad de España, igualdad entre los españoles...) que ya ha divulgado
extensamente. Emplean el mismo término con frecuencia Albert Rivera, Susana
Díaz y otros representantes políticos más o menos conocidos y todos ellos, en
mi opinión, lanzan un mensaje equívoco dado que si en verdad somos sus jefes,
tendrían que consultarnos a todos los ciudadanos españoles en cuestiones de
importancia.
La expresión que comentamos es innecesaria y además
redundante, porque en el caso de los dirigentes políticos relevantes y de muchos funcionarios, sólo hay una línea
roja y no precisamente delgada que no pueden traspasar porque es el primer y
principal deber de todos ellos: Cumplir y hacer cumplir la ley.
Un Estado de Derecho como el español, no es sino el
gobierno del pueblo bajo el imperio de la ley. Todo lo demás no es sino
barbarie y oscurantismo. Este concepto –el sometimiento de todos al marco normativo-
es fácil de entender y de apreciar para aquellos que como yo hemos vivido buena
parte de nuestras vidas bajo un régimen dictatorial, quizá no lo sea para
jóvenes airados y sobrealimentados desde su nacimiento. Para los niños de mi
generación, la partida de nacimiento estuvo acompañada durante algún tiempo por
una cartilla de racionamiento y durante muchos años más por la falta de
libertad. Por ello, a los mayores –que al
parecer molestamos a algunos jóvenes impulsivos que se ven capacitados
para regir un país viejo y de viejos- nos gusta alimentarnos bien y nos
resultaría insoportable la pérdida de un sistema garante de nuestras libertades
públicas.
Las líneas rojas que tanto suenan han sido violadas en
múltiples ocasiones desde que Julio César atravesara el Rubicón. Hacerlo, le
supuso perder la vida a manos de un patriota romano en la ciudad que le había
aclamado como triunfador. Espero que este cruel destino no tenga que ser
aplicado nunca en la España democrática del siglo XXI pero, por si acaso, y
para evitar justificaciones facilonas y pueriles, yo exigiría a todos los
parlamentarios españoles un certificado médico de que no padecen daltonismo.
