Hace
unos días, pude leer en el Diario que
se ha archivado la causa contra dos anestesistas del Puerta del Mar, porque la
juez no ha apreciado materia delictiva en el comportamiento de dichos
profesionales.
El
procedimiento se inició como respuesta a un estudio de elaborado por los
anestesistas donde se mencionaban una serie de irregularidades en la Unidad de
Cirugía General del Hospital. La denuncia se basaba en la presunta comisión de
un delito de revelación de secretos, injurias y calumnias contra funcionario.
En
mi opinión, informar a la opinión pública que la tasa de complicaciones
posoperatorias en el Puerta del Mar está por encima de la media de los hospitales
andaluces, no parece que merezca ser
considerado como un delito.
Convendría
que el informe generado tras la auditoría de la Inspección del SAS se haga
público porque los ciudadanos, en nuestra relación con los organismos públicos,
tenemos derecho a la transparencia. Conocer los resultados de las evaluaciones
de los servicios públicos nos permitiría, entre otras cosas, ser más
equilibrados cuando ejercemos la crítica y no caer en la demagogia o el
fanatismo.
Ignoro
cuáles fueron los fines que movieron a los anestesistas a elaborar el estudio;
pese a ello, debemos exigir que dichos profesionales no sean acosados porque su
conducta, en mi opinión, no es merecedora de sanción sino de elogio y
reconocimiento.
En
una administración democrática, las carencias, negligencias e irregularidades,
deben ser denunciadas para que de ese modo puedan ser corregidas. Desde mi
punto de vista, la iniciativa debe partir de la propia institución de la que se
trate. Por el contrario, volcar todo el
peso de la ley contra los que denuncian, es propio de estados totalitarios
porque, en definitiva, lo que se pretende es matar al mensajero.
Roque
Gómez Jaén (Puerto Real)
