En una sociedad democrática el viejo principio de
“un hombre un voto” parece indiscutible; sin embargo, la transformación de
dicho voto en escaños de una cámara legislativa como nuestro Congreso de los
Diputados admite diversas posibilidades.
Con la
ley electoral vigente en España se pueden dar resultados tales que parecen
contradecir el principio mencionado por otro que podría denominarse “un hombre
un voto pero de valor desigual”.
Tomemos
como ejemplo algunos resultados –provisionales al día de la fecha- de las
elecciones recién celebradas que pueden resultarnos llamativos:
El PNV con un total de
301.585 votos (1,2% del censo) ha obtenido 9 escaños en el Congreso. En las
mismas elecciones IU con 923.133 votos (3,67% del censo) obtiene en la misma
cámara 2 escaños. Dado el carácter nacional de las elecciones de que tratamos,
el PNV está hiperrepresentado porque con tres veces menos votantes obtienen
4,5 veces más diputados que IU.
Esta
sobrerrepresentación del voto tiene un componente
territorial. Así, en las elecciones ya nombradas, el PNV, vencedor en el País
Vasco, obtiene un escaño en el Congreso por cada 50.264 votos. Sin embargo el
PSOE, vencedor en Andalucía, precisa 63.654. Esta situación favorece los
intereses de una comunidad autónoma en detrimento de los de otras como es el
caso de Andalucía.
Lo
expresado, que puede sorprender, es consecuencia de la legislación electoral
española que, con indudable buena fe, pretendía evitar la proliferación de
partidos que se entendía negativo para la gobernación de España y además
contentar a los nacionalistas porque,
ingenuamente, se pensaba que implicados en la política nacional se aplacarían
en sus reivindicaciones. Los promotores, por lo visto, ignoraban que los nacionalistas, por definición, no se
contentan jamás.
Como
consecuencia de la normativa citada, los nacionalistas han rentabilizado su
apoyo a los grandes partidos nacionales cuando éstos carecían de mayoría
absoluta en el Congreso y, al mismo tiempo, mejoraron sus resultados
electorales en sus respectivas comunidades autónomas al mostrar la eficacia sus gestiones en Madrid.
La falta de lealtad institucional es evidente pero efectiva.
El PP,
que en la última legislatura ha disfrutado de mayoría absoluta, obsesionado por los graves problemas económicos de nuestro país, ha confundido, en
mi opinión, la parte por el todo. De ahí
que no se haya preocupado por introducir cambios en la legislación
electoral pensando, probablemente, que el modelo actual le beneficiaba. Creo
que en estos momentos de grave crisis nacional se precisa renunciar al
beneficio partidario y dar primacía a los intereses nacionales.
Incidiendo
en esta cuestión, creo necesario se modifique la normativa electoral porque las
ideas básicas de su redacción han sido
superadas por la deslealtad de los nacionalistas. Dichas formaciones políticas
han sido consecuentes con sus intenciones y por ello, ante la pasividad de unos
y el cinismo de otros, pretenden la desmembración de España. Ahora se trata de
evitar por todos los medios disponibles que se salgan con la suya.
Roque Gómez Jaén Puerto Real (Cádiz)
