Desde hace
algún tiempo, el protagonismo de los interventores en las páginas del Diario no
cesa. Hace unos días, ante la juez Bolaños, los interventores de unas
provincias andaluzas aseguraron que no apreciaron delito en el presunto fraude
de los cursos de formación que afecta directamente a los directivos del SAE.
Visto el desarrollo de los acontecimientos, me atrevo a predecir que ninguno de
los interventores que cite la juez ya mencionada va a decir algo diferente.
Los
funcionarios a los que me refiero, admiten que apreciaron irregularidades
administrativas graves incluso muy graves en los expedientes supervisados pero
no delitos. Decir lo contrario, significaría que debiendo denunciar no lo
hicieron y, por ello, podrían ser
expedientados en el ámbito administrativo y, en su caso, ser investigados por
la autoridad judicial.
Lo grave de
esta cuestión es que la Junta de Andalucía, encargada de velar por el
cumplimiento de la Ley, tiene algunos de sus organismos en entredicho y sus
funcionarios requeridos por la juez.
En mi
opinión, este asunto que comento refleja muy bien dos graves problemas de la
vida pública española: uno la “politización” de la administración y otro la “judicialización” de la política.
Contribuyen, así mismo, a la debilidad de un Estado en el que los tres poderes
esenciales parecen pugnar por la supremacía de uno de ellos. Está por ver el
vencedor en esta guerra no declarada pero no por ello menos cruenta.
Roque Gómez Jaén
(Puerto Real)
