Desde hace
unos meses, los interventores de la administración andaluza y la dimisión de
alguno de ellos han sido protagonistas en
el Diario. Ya en febrero la noticia fue que el interventor general
de la Junta de Andalucía había dimitido. En marzo, las cuestiones relacionadas con la intervención
general de la Junta y los problemas derivados del posible fraude por los cursos
de formación o de los ERE falsos han sido tratadas al menos en cinco ocasiones.
Comienza el
mes de abril, y el día que escribo esta carta se vuelve a tratar de cuestiones relacionadas
con los interventores que, por lo general, son funcionarios muy discretos.
El interventor
general dimisionario ha manifestado que su salida del cargo debe contemplarse
como algo positivo porque él cree en “las bondades de la rotación”. De sus palabras
puede deducirse que permanecer en el cargo ocho años, como sucedió con el
interventor general que le precedió en dicho puesto, debería ser considerado
como algo poco deseable. Cabe preguntarse: ¿Por qué este cambio de estrategia?
¿Tiene algo que ver con el hecho de que el interventor general que resistió
ocho años esté imputado por el caso de los ERE falsos?
En mi
opinión, no coincidente con la de muchos de nuestros gestores públicos, lo
negativo no es que un interventor, o cualquier otro funcionario dimitan, sino
que puedan hacerlo. Trataré de explicarme: Si el interventor general dimite de
su cargo es simplemente porque es un cargo electivo y, por lo tanto, sometido a
los vaivenes propios de la azarosa vida política muy poco aconsejables en la
función pública. Por el contrario, si los altos y medianos cargos de la
Administración pública se cubrieran mediante procesos selectivos sujetos a los
principios de mérito y capacidad, ningún interventor general dimitiría y,
por lo tanto, las presiones políticas no
actuarían con tanta fuerza sobre los funcionarios que, afortunadamente, suelen
ser eficientes y disciplinados. Al mismo tiempo, la imparcialidad en el
ejercicio de sus funciones –mandato constitucional- quedaría garantizada.
El recurso
frecuente a los puestos de libre designación en la Administración, es fruto de
la politización asfixiante de la función pública lo que provoca malestar entre los
funcionarios que contemplan como su carrera administrativa queda cercenada porque un buen número de cargos quedan
excluidos de sus expectativas profesionales. La politización también favorece
la creación de “administraciones
paralelas” caracterizadas por la opacidad en la contratación de su personal y la
impermeabilidad al control interno de la administración pública.
Un
almirante inglés del que lamento no recordar su nombre, expresaba que el
principio de la eficacia estaba en la elección a dedo. Si realmente fuera así,
en España tendríamos la administración más eficiente del universo y,
desgraciadamente, no creo que sea el caso.
Roque Gómez Jaén Puerto Real (Cádiz)
