Tras
la sentencia por el caso de los ERE, se ha desencadenado una campaña mediática destinada
a reivindicar la honradez de los ex presidentes de la Junta Chaves y Griñán, y
señalar que dicha sentencia puede ser revocada por el Tribunal Supremo. Son
obviedades que no se proclamarían si nuestros políticos tuvieran mejor concepto
de los ciudadanos. Lo importante, es que la sentencia declara probado que diecinueve
de los veintiún acusados han sido
condenados por prevaricación, por malversación o por ambos delitos.
Hay
prevaricación cuando la autoridad o funcionario público dicta, a sabiendas, una
resolución injusta y malversación, cuando los mismos autores, sustraen o
consienten que un tercero sustraiga caudales o efectos públicos que tienen a su
cargo.
Está claro que, desde el punto de vista penal, tan grave es
llevarse el dinero a casa como consentir que otros lo hagan. Hay que destacar
que en la sentencia sólo han sido absueltos el ex interventor general de la
Junta y el ex jefe del gabinete jurídico pese a que las defensas, desde el
primer día del juicio, pretendieron responsabilizar de los delitos a los
funcionarios. En el juicio ha quedado demostrado que, durante años, la
intervención denunciaba auténticos delitos y no simples irregularidades.
Procuro
no alegrarme del mal ajeno pero la sentencia me satisface porque la ley es igual para todos; los
interventores cumplieron con su deber y, finalmente, porque crear órganos
opacos a la supervisión fue una mala idea. Si nuestros políticos entendieran
que su primer deber es cumplir y hacer cumplir la ley no habría casos como el
que tratamos.
Una
reflexión final: tramas como la de los ERE, necesitan la colaboración de
funcionarios “maleables” que, con un sentido de la lealtad erróneo, favorecen
este tipo de escándalos; así mismo, tengo la convicción moral de que muchos
informes, reglamentariamente elevados, yacen en un cajón o en un dispositivo
informático, esperando que hechos punibles prescriban.
Roque
Gómez Jaén (Puerto Real)
