Como es sabido, Madrid es la comunidad
autónoma que más sufre la acción del virus y se puede entender porque es, con
diferencia, la comunidad más abierta de España y, en consecuencia, el virus se
propaga fácilmente. Pese a ello, es muy difícil de explicar el número de
fallecidos en los centros que acogen ancianos; el argumento de que sufren
enfermedades asociadas no es válido, porque lo mismo sucede en las comunidades
autónomas cuyos resultados son menos inquietantes.
La
gravedad del asunto es tal que en algunos centros los miembros de la UME se encontraron
ancianos fallecidos “conviviendo” con otros residentes. La denuncia pertinente
se presentó ante la Fiscalía General del Estado y el procedimiento legal se
estará tramitando donde corresponda.
Lo
más grave de toda esta cuestión, en una muestra más del déficit democrático que
nuestra sociedad, desde hace años, arrastra y tolera, es que la información
disponible es confusa y, probablemente, incompleta.
Para que esta
tragedia no se repita, es indispensable que todas las residencias de ancianos
de España sean supervisadas por agentes externos y sus informes deberían hacerse públicos
(práctica frecuente en la evaluación de servicios sociales en algunos países
europeos). Desconfío que se lleve a la práctica y, probablemente, se recurra a
elaborar un informe global que, con el régimen territorial que sufrimos, tendrá
escasa utilidad. Si la Unión Europea hiciera honor a su nombre, debería
intervenir en estas cuestiones y no limitarse a enviar “hombres de negro”
cuando la situación económica es grave y hay riesgo de impago. Personalmente,
prefiero la Europa de los ciudadanos a la de los mercaderes.
Roque
Gómez Jaén (Puerto
Real)
